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Carlos Chacho Alvarez
Buenos Aires, Argentina

La operación humanitaria organizada con el concurso de siete países para lograr la liberación de tres secuestrados por las FARC en Colombia no ha logrado su objetivo: la dirección guerrillera no otorgó las coordenadas para que los representantes tomaran contacto con los prisioneros, argumentando que el ejército colombiano produjo acciones bélicas mientras se tramitaba la liberación. Por su parte, el gobierno de ese país sostiene que el niño Emmanuel, hijo de Clara Rojas, que iba a ser liberado junto a su madre, está en realidad bajo su cuidado.

¿Debe el operativo considerarse, en consecuencia, un fracaso? La cuestión de la violencia en Colombia es añeja y tiene una causalidad compleja. La tarea de avanzar en estrategias políticas para pacificar al país es atributo irrenunciable de sus autoridades. Sin embargo, la iniciativa multinacional coordinada por el presidente venezolano Hugo Chávez e impulsada por el gobierno de Francia, con el fin de proteger a la ciudadana de ese país Ingrid Betancourt, tiene un sentido que merece ser rescatado más allá de la circunstancial frustración.

El caso fue un ejemplo vivo de las posibilidades de la cooperación política entre países de la región. La violencia en Colombia es, en efecto, mucho más que un problema nacional: compromete la paz y la seguridad en la región andina y, por extensión, es un problema para toda Sudamérica. Sin menoscabo de la soberanía colombiana en la resolución de sus asuntos internos, los países que se unieron en la misión humanitaria lo hicieron con el fin de facilitar la liberación de los secuestrados y generar una instancia de diálogo que permitiera nuevos avances en esa dirección. Es un camino que debe valorarse y proyectarse hacia el futuro.

La región tiene un paisaje político plural y diverso. Muchos de sus pueblos han optado, en pleno ejercicio de su libertad política, por impulsar procesos de transformación marcados por el horizonte de la justicia social, una mayor autonomía política y el fortalecimiento de la integración regional. Al mismo tiempo, la región vive un ciclo económico positivo con altos índices de crecimiento y mejoramiento general de sus indicadores sociales. Es una gran oportunidad histórica para dar pasos concretos en la dirección de generar una dinámica política de complementación productiva y desarrollo con justicia que no debería desaprovecharse.

Debe entenderse que la integración y la colaboración en el desarrollo de una agenda productiva y política común entre nuestros países no presupone una orientación ideológica común de los gobiernos. La integración es unidad en la diversidad y debe estar en condiciones de fundarse en decisiones soberanas de los estados que estén al abrigo de circunstanciales mayorías en cada una de nuestras sociedades. Claro que existe alrededor del futuro de la integración sudamericana un debate de ideas. Están quienes quieren reducirla a la apertura comercial entre los países y quienes se pronuncian por una integración productiva, orientada a mejorar la competitividad sistémica de la economía regional y una asociación política con capacidad para regular el funcionamiento de los mercados en defensa de los necesarios equilibrios sociales.

Se trata de una discusión que debe darse y que tiene como última instancia el veredicto democrático de cada uno de los países. Es posible que, en el curso de afirmación de un rumbo integrador, asistamos a un proceso de múltiples velocidades: una decisión de unión regional amplia y flexible a la que se sumen proyectos de integración más decididos y avanzados.

La agenda política de la región es amplia y compleja. Tenemos conflictos limítrofes, procesos de polarización social y política que amenazan con escenarios de inestabilidad política en varios países, desafíos armados al Estado nacional, como en el caso colombiano. Cada vez menos estos problemas pueden ser absorbidos y resueltos con los recursos exclusivos de los Estados nacionales. Cada uno de ellos tiene, en el mundo global, una dinámica en la que se involucran otros actores políticos de dentro y fuera de la región. El gran desafío que tenemos es que los países de la región se hagan cargo soberana y mancomunadamente de esta agenda en defensa de su régimen democrático y de sus objetivos de desarrollo y de igualdad.

La región tiene que alcanzar la necesaria capacidad de evaluar el funcionamiento del régimen democrático en cada uno de los países y de arbitrar las acciones solidarias que sean necesarias para su protección, sin desmedro de las respectivas soberanías nacionales. En el caso de la liberación de los rehenes de la FARC, está clara la potestad del gobierno de Colombia para determinar la estrategia más oportuna para la pacificación y recuperación del territorio que hoy está fuera del control del Estado. Sin perjuicio de ese irrenunciable derecho soberano, los países hermanos del subcontinente tienen la responsabilidad de actuar con generosidad para dar su aporte a una solución que fortalezca a la democracia colombiana y mitigue el dolor de las víctimas de la violencia.

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