En Colombia se compran silencios

AFP El periodista William Parra, quien ahora está acusado de tener relaciones con las Farc, estuvo secuestrado por una facción del M19, en 1997.

En una sola semana, las noticias convirtieron en literatura fantástica los discursos oficiales sobre la libertad de prensa en Colombia. Si usted les creyó a los funcionarios que en las reuniones de la SIP o en las fiestas del periodista exhiben, como un logro, su versión sobre la libertad de informar, examine estos escenarios y si puede, trate de mantener enhiesta toda aquella retórica.

Primer escenario.

Apareció el martes pasado cuando en el juzgado cuarto penal, un puñado de periodistas acompañó al columnista Alfredo Molano acusado ante la justicia por calumnia e injuria.

Mientras transcurría la diligencia judicial, los periodistas y el propio Molano debieron revivir situaciones parecidas, esas sí cruentas, de periodistas a quienes quisieron callar los grupos armados en las zonas rojas del país. Para no cargar el peso del silencio sobre su conciencia profesional, unos se fueron con sus verdades a otra parte, en el país o en el exterior; otros se acogieron a la protección de los guardaespaldas y otros cambiaron de medio de comunicación. Hubo quienes callaron y a cambio de su silencio los dejaron vivir.

Con Molano pretenden algo parecido al silencio: una rectificación imposible, o lo que más se asemeja a la muerte, que es el atentado contra su credibilidad Le pregunto: ¿qué es lo peor que puede pasar? "Que me prohíban escribir", me responde sin vacilar.

Es posible que la influyente familia acusadora no lo logre; pero los periodistas reunidos en aquella sala, tomaron nota: no es tan libre la expresión en Colombia. Puede llegar a ser muy peligroso, mortalmente peligroso, el ejercicio de opinar.

Segundo escenario.

Este se dio en la fiscalía cuando se conoció el llamado a indagatoria -dentro del proceso de la farcpolítica- a dos periodistas: el director del semanario Voz, Carlos Lozano, y el periodista de Telesur, William Parra.

Al mismo tiempo detenían al médico Cesar Augusto Arango, acusado por ejercer la medicina a favor de los guerrilleros enfermos. Las dos acciones judiciales tienen un elemento en común: se trata de profesionales que por razón de su trabajo llegaron a tener relaciones con los guerrilleros.

La función del médico es prevenir o curar enfermedades en pacientes, quienesquiera que sean; de la misma manera que la tarea del periodista es buscar la información en dondequiera que esté. Pero estos dos hechos, ocurridos esta semana, notifican a médicos y periodistas que cualquier contacto con la guerrilla puede ser usado en su contra, porque ni el derecho a la salud que consagran los Protocolos de Ginebra, por ejemplo, ni el derecho a informar o a ser informado, cuentan dentro de las actuales condiciones de Colombia.

Tercer escenario.

El tercer escenario fue académico. La Fundación para la Libertad de Prensa entregó el resultado de una investigación sobre la vigencia de una censura sutil, o solapada, en los países de América Latina.

Los datos obtenidos y publicados en el estudio, atentan contra la inocencia del discurso sobre la libertad de prensa en Colombia.

Es revelador, aunque no único, el episodio poco conocido de aquel video en el que el presidente Uribe aparece dando instrucciones sobre el pago de un rescate por un colombiano secuestrado en Afganistán, en momentos en que la política presidencial era la de no pagar rescates por secuestros en Colombia. El secretario de prensa de la presidencia intentó invisibilizar esa nota mediante llamadas al periodista primero, y cuando este no accedió, sonó el teléfono en la jefatura del canal.

La nota salió al aire a pesar de las nerviosas gestiones originadas en la presidencia. Es un mecanismo de presión de uso común por parte de funcionarios de todos los niveles, desde el más alto.

Una encuesta de la Universidad de la Sabana, agrega el informe, reveló que el 15% de los directores de medios, encuestados, podían dar cuenta de los intentos hechos desde la presidencia para manipular sus coberturas periodísticas.

Pero la presión más común es la del manejo de la publicidad oficial, el más eficaz y generalizado elemento de control de la información pública que se origina en los medios. Se lee en el informe: "nuestra investigación reveló una distribución irregular de publicidad oficial entre la prensa, a nivel nacional, y numerosas asignaciones inadecuadas a nivel local. Estas incluyen los pagos directos a periodistas y otros productores de contenidos en concepto de publicidad, con el objetivo de debilitar su independencia".

Es una práctica perversa en la que se premia con publicidad a quien informa según la conveniencia del funcionario, y se castiga a los que se apartan de la línea propagandística del gobierno.

"En la zona atlántica doce periodistas y seis del departamento del Cauca afirman que los contratos por publicidad se les otorgan a aquellos que hacen coberturas periodísticas favorables al gobierno", reza el informe, que recoge testimonios como el del periodista que publicó los sueldos de los altos ejecutivos de 'Aguas de Cartagena', "hace tres años estoy vetado", dijo.

Los funcionarios que controlan la información mediante la concesión o negación de la publicidad podrán mantener ese poder mientras haya periodistas y medios que dependan de sus favores. Es, pues, un escenario que resulta doblemente peligroso para la libertad de prensa que puede ser encadenada por los que pagan y por los que dependen de esa paga.

Cuarto escenario.

Este escenario se configuró durante la reunión de promotores de radios comunitarias, también celebrada esta semana, sobre la política oficial para el otorgamiento de licencias a esas pequeñas emisoras de barrio o de pueblos pequeños. La descripción de esa política, incluida en el informe sobre las censuras solapadas, muestra un ministerio, el de comunicaciones, empeñado en la defensa de los intereses de la radio comercial y prevenido, hasta la paranoia, contra las radios comunitarias, a pesar del artículo 20 de la Constitución.

Convertidas en un influyente medio de comunicación para las clases populares, estas emisoras son objeto de toda clase de limitaciones y amenazas: decomiso de equipos, cárcel para sus propietarios, multas y vigilancia hostil si no se cumplen las quisquillosas regulaciones oficiales.

Fueron necesarios 10 años de terquedad de esas radios y de organizaciones de la sociedad civil, una sentencia de la corte constitucional en defensa del derecho a informar y a ser informado y toda clase de gestiones legales, para que a comienzos de este año se abriera el proceso de otorgar licencias a las capitales de departamento y, como una generosa concesión, para las emisoras de Bogotá.

Quien quiera que haya seguido la acción de estos cuatro escenarios podrá concluir que eso de la libertad de expresión e información en Colombia, es una rosada ilusión, porque siempre hay poderosos intereses dispuestos a pagar por el silencio. O a imponerlo.