El jaque de los débiles

Víctor García/Terra Colombia A pesar de su alegría por las liberaciones de secuestrados, miles de trabajadores soportaron filas por varias horas para tener derecho al servicio de salud.

La cámara fue detallando rostros y gestos en una interminable toma que luego resumió con un plano general de la fila que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Al mismo tiempo se oían los testimonios de personas que estaban ahí esperando su turno para ser atendidas, desde las 3 de la mañana.

La exigencia del gobierno a un millón de trabajadores independientes para que entreguen una planilla única diligenciada, como condición para acceder a los servicios de salud, se convirtió en una pesadilla. Mónica, una joven profesional que hace su primer trabajo, necesitó un día y medio para obtener su documento. Con ella hicieron fila mujeres que cargaban sus hijos pequeños, enfermos y personas de edad que a medida que pasaban las horas hacían reflexiones amargas: ¿Por qué no racionalizan y hacen más eficiente el sistema de atención? ¿Por qué suponen que los pobres tenemos computador, Internet o teléfono? ¿Por qué quienes los usan no logran una respuesta?

A la misma hora, los agentes de tránsito se preparaban en puntos estratégicos de la ciudad para una nueva aplicación de la ley 87 de 2007 sobre movilidad, que consiste en despejar los semáforos en un área de 200 metros, de vendedores ambulantes. Según las autoridades, la venta de dulces, o de revistas o de chucherías, obstaculiza el flujo vehicular. Según esos vendedores su trabajo en los semáforos es la única oportunidad que les ha quedado para sobrevivir con sus familias. La mayoría de ellos son desplazados que para no ser asesinados abandonaron el campo y se acogieron a la protección y hospitalidad de las ciudades.

En el noticiero estuvieron a punto de confundirse las notas sobre la protesta de los desplazados de los semáforos y las de unos pacíficos campesinos que llevaron como símbolo de su manifestación unos manos burros cargados con cantinas de leche. Ellos también habían sido objeto de una prohibición decretada por el ministerio de salud pública: en adelante no se podrá vender leche cruda. "Es la materia prima para las almojábanas y las garullas", reclamó una mujer ante las cámaras; "yo me crié con esa leche y no me he muerto", observó, sarcástico, un robusto campesino de sonrisa socarrona; ¿por qué no piensan en los que vamos a quedar sin trabajo, sumercé? Agregó uno de los líderes de la manifestación.

Ante la coincidencia de las tres protestas, los que cuidan la imagen del gobierno se debieron tomar la cabeza con las dos manos porque, sumados los tres hechos, dan por resultado un gobierno que carga la mano sobre los pobres y poco se ocupa de su suerte.

Pero no tenían razón esos profesionales de la imagen. Antes de esas protestas, gotas de un vaso demasiado lleno, había sido la Corte Constitucional quien, en varias oportunidades, llamó la atención del gobierno para que tuviera en cuenta a más de tres millones de colombianos, desplazados de sus tierras por los paramilitares o por la guerrilla.

A las 108 acciones de tutela de 1150 familias, la Corte respondió con la sentencia 025 en que le recordó al gobierno los derechos de los desplazados. Un año después, en vista de la inacción del gobierno, la Corte urgió de nuevo. Planeación Nacional había revelado que de un programa de 4.8 billones, se había asignado solo el 22%; por su parte la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo intervinieron: "han sido mínimos e ineficaces los esfuerzos del Estado", dijeron. La Corte no aceptó la excusa de la falta de dinero, porque si hay dinero para otros programas, debe haberlo para este que es prioritario.

Es evidente que los pobres no son la prioridad del gobierno actual, más preocupado por otros temas: la lucha contra la guerrilla, el crecimiento de la economía, el TLC, la imagen internacional, las encuestas de opinión, o sus propios conflictos con la justicia, o con la oposición.

Ni los que a esta hora hacen cola para presentar la planilla única, ni los desplazados de los semáforos, ni los vendedores de leche cruda, ni los 3 millones de desplazados que carecen de teléfono y de Internet, son consultados por las firmas de encuestadores que periódicamente asombran al país con los altos porcentajes de opinión favorables al gobierno. La opinión de esta parte de la población no se oye, ni siquiera cuando protestan; y es allí donde puede estar la explicación de su marginamiento: lo que ellos piensen no alterará el 84% de favorabilidad del gobierno de la seguridad democrática.